La propuesta busca establecer un marco legislativo integral para proteger la agricultura europea, con medidas como la priorización del uso de tierras agrícolas para producción alimentaria, el establecimiento de un Plan Hidrológico Europeo para garantizar agua de calidad, y la creación de una Agencia Europea de Agricultura y Economía Rural. Además, aboga por garantizar la soberanía alimentaria, combatir la competencia desleal de terceros países y defender prácticas tradicionales como la ganadería y la pesca sostenible.

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